Abandonar el paternalisme i l’etnocentrisme en la intervenció social

En las últimas dos décadas, el número de mujeres migradas residentes -en situación administrativa regular o no- en España ha aumentado progresivamente. Según el INE, en 2020 eran más de 2.700.000, de las cuales unas 480.000 provenían de países africanos, más de 620.000 de América del Sur, unas 220.000 de Centroamérica y el Caribe, y 220.000 más de países asiáticos .

Las mujeres migradas, por su condición de mujeres, etnia, procedencia, proceso migratorio, clase social y otros factores, se enfrentan a dificultades específicas en relación a: el acceso a los servicios básicos (salud, educación, vivienda, participación…), el acceso a información sobre derechos y servicios -incluyendo recursos para víctimas de violencia de género-, las dificultades para la inserción y promoción en el mercado de trabajo, la discriminación y condiciones desventajosas respecto a sus derechos laborales (sueldos bajos, trabajos insalubres con largas jornadas, agresiones y acoso sexual), deterioro de sus condiciones materiales de vida, abusos en sus derechos humanos como migradas y mujeres, pérdida de la identidad cultural y dificultades para organizarse y participar.

Estas situaciones se han intentado revertir -con mayor o menor éxito- a través de diferentes políticas y programas de inserción social. Sin embargo, muchos de estos programas basan sus diagnósticos e intervenciones en criterios de integración social de carácter capitalistas y etnocéntricos. A menudo, además, presentando externalidades que vuelven a caer en la discriminación, los estereotipos y la segregación laboral y social de estas mujeres.

Paralelamente, también refuerzan el concepto de integración en un paradigma asimilacionista, en el que estas mujeres deben reproducir el modelo ideal de mujer occidental. Este modelo choca a menudo con sus expectativas vitales y de realización personal.

Itinerarios de inserción sociolaboral establecidos en sectores precarios y de baja calificación contribuyen a perpetuar -a menudo sin pretenderlo- un sistema de explotación colonial. La falta de recursos y la necesidad de una inserción laboral rápida condena a la mayoría de mujeres migradas a trabajos con salarios bajos y condiciones de semiesclavitud. Sectores como los cuidados y el personal doméstico, la hostelería, el comercio al por menor y la agricultura han sido los ámbitos tradicionales de empleabilidad para este colectivo, especialmente para las mujeres racializadas, y siguen presentes en muchos programas de inserción laboral destinados a ellas.

Como ya señalaba Kimberlé Crenshaw en 1989, la necesidad de incorporar la perspectiva interseccional en el análisis de las vulnerabilizaciones que atraviesan las mujeres migradas racializadas es imprescindible si no quiere persistirse en la reproducción de un sistema de explotación colonial.

Incorporar modelos más inclusivos

Las políticas públicas y programas sociales deben ampliar la mirada y evitar la tendencia a asumir la condición de las mujeres blancas, occidentales, heterosexuales y de clase media como modelo de la condición femenina. A menudo no se tiene en cuenta que mujeres diversas pueden tener valores y convicciones, necesidades y deseos distintos, y sobre todo, que estas mujeres pueden escoger diversas formas de reivindicar lo que ellas mismas -no otras por ellas- afirman como sus derechos.

La puesta en valor de sus conocimientos, expectativas y deseos debería pasar a ser la piedra angular de los procesos de inserción social, que deberían fomentar la agencia de estas mujeres, sin estereotiparlas ni exotizarlas, facilitando espacios, ritmos y lenguajes destinados a ampliar “los márgenes” en lugar de estrecharlos.

Por todo ello, reivindicamos que es necesario incorporar la perspectiva transcultural y decolonial en las políticas públicas y específicamente en los programas y proyectos destinados a mujeres migradas. Hace falta un cambio de paradigma que rompa la mirada paternalista y etnocentrista que atraviesan algunos de los programas y proyectos de inserción social, tanto en los servicios sociales como en muchas entidades del tercer sector. El actual modelo contribuye, demasiadas veces, al sostenimiento de la dominación racial y patriarcal, y sólo desde su revisión se puede hacer frente a sus consecuencias.