Pedimos que se resuelvan ya los miles de expedientes de ciudadanos y ciudadanas extranjeras en Barcelona

23/11/2021

Las entidades abajo firmantes y adheridas:

  • Denunciamos que la Subdelegación del Gobierno en Barcelona incumple el deber de resolver, en los plazos establecidos por la ley, los expedientes de ciudadanos extranjeros que viven en Cataluña.
  • Afirmamos que estas demoras causan graves vulneraciones de los derechos de las personas migradas y generan consecuencias negativas en la dinámica laboral y económica del país.
  • Exigimos que se resuelvan de forma inmediata los miles de expedientes de extranjería que esperan respuesta.

La Ley orgánica de Extranjería es la norma que regula los procedimientos de autorizaciones de entrada, estancia y residencia de ciudadanos y ciudadanas extranjeras en España. Los deberes legales que impone esta norma orgánica deben ser escrupulosamente respetados por las personas extranjeras que quieren residir, trabajar y permanecer en Cataluña. Y también estos deberes legales deben ser respetados escrupulosamente por la Administración General del Estado. El artículo 103 de la Constitución afirma que la Administración debe actuar "con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho". Más aún cuando del cumplimiento de la norma legal por parte de la Administración depende el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de las personas extranjeras.

Concretamente, la Ley orgánica de Extranjería, en su Disposición Adicional Primera impone el plazo máximo para la resolución administrativa de los expedientes. Este plazo general máximo para notificar las resoluciones de autorizaciones, así como sus prórrogas, será de tres meses.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona incumple el deber de la disposición legal de forma reiterada y sistemática. El retraso de la oficina de extranjeros de Barcelona para resolver sencillos expedientes administrativos es de cinco, seis e incluso siete meses.

Además, es recurrente que la persona extranjera reciba requerimientos para aportar documentos que ya fueron incorporados en las solicitudes iniciales. Esta práctica, junto con la ilegalidad en el cumplimiento de los plazos, contamina la obligada transparencia de la acción administrativa, vulnera gravemente los derechos fundamentales de las personas extranjeras, y afecta también a los empleadores y empresas donde están trabajando o donde se deberían incorporar. Las consecuencias en las vidas de las personas extranjeras de estos retrasos injustificables son a menudo dramáticas. Existen, además, evidentes consecuencias negativas en la dinámica laboral y económica del país.

Esta situación se agrava aún más con la falta de citas previas disponibles en comisarías para formalizar y conseguir las tarjetas de identidad de extranjeros, las dificultades para registrar solicitudes telemáticamente en las plataformas habilitadas por la Administración o la imposibilidad de acceder a la vía presencial.

La Administración debe cumplir la ley. Exigimos resoluciones de expedientes dentro del plazo legal. Ya es suficiente con abusos de poder y de vaciar de contenido los derechos fundamentales.

Urge dar salida a los miles de expedientes inmovilizados injustificadamente durante meses y meses en la Subdelegación del Govern en Barcelona. No es un capricho, sino una cuestión vital para los miles de conciudadanos extranjeros que conviven en Catalunya.

Mohamed, nacional de Gambia: “presenté el expediente hace más de seis meses con todo lo necesario. Hace unos días me enviaron un requerimiento para volver a presentar la documentación de nuevo. Quien me ofreció el contrato de trabajo me dice que ya no puede esperar más. Llevo más de 4 años aquí y ahora porque una oficina no resuelve a tiempo ¿no podré regularizarme? ¿Hasta cuándo tendré que trabajar en la economía sumergida? Quiero ser un ciudadano de pleno derecho. Ya no puedo más.”

Hajar, nacional de Marruecos: “llevo cuatro meses pidiendo una residencia por razones humanitarias, ya que padezco una enfermedad grave y necesito continuar el tratamiento médico en Barcelona. Desde entonces estoy esperando alguna notificación o respuesta que reconozca mis derechos. Hasta ahora, es como si mi caso no existiera”.

Akwasi, nacional de Ghana. “Hice un curso de auxiliar de cocina y la empresa donde hice las prácticas querían hacerme un contrato de un año. Cuando supieron que tardaría más de 4 meses en empezar a trabajar decidieron contratar a otra persona. Las prácticas eran mi oportunidad para que alguien viera cómo trabajaba.”

*Los nombres se han cambiado para mantener la confidencialidad.

 

Entidades firmantes:

Fundació Migrastudium | Servei Solidari | Bayt al-Thaqafa

 

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https://forms.gle/SGsYsUFS3Rzxyf4p8

Entidades adheridas: https://bit.ly/2ZdECjp

 

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